(segundo período 1989-1993)
Para las elecciones de 1988 resultó ganador Carlos Andrés Pérez, quien ejercería la presidencia, por segunda vez en su historia en el período 1989-94.
Para 1989 se realizaron las primeras elecciones de Gobernadores y Alcaldes, regidas por la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, y la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados.
Desequilibrios macroeconómicos, arcas del Estado exhaustas, renta petrolera insuficiente para satisfacer las crecientes demandas sociales, eran algunas de las características de la Venezuela que le tocó gobernar a CAP en 1988.
Pérez tuvo que adoptar medidas orientadas a la liberación de la economía y a la solución de la crisis social. Por un lado, una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional marcó el destino económico de la nación. Venezuela prometió a la banca equilibrio fiscal, eliminación de barreras arancelarias al comercio, devaluación del bolívar para garantizar la competitividad en los mercados externos y eliminación del Régimen de Cambios Diferenciales, entre otros compromisos.
Por otro lado, Pérez y su equipo de Ministros, implementaron una serie de medidas para disminuir el impacto de la crisis en los sectores de la sociedad con menos recursos económicos: se contempló el aumento de sueldos y salarios de los trabajadores de la administración pública, incremento del salario mínimo, un programa de becas alimentarias, creación de hogares de cuidado diario, programa de consolidación de barrios, apoyo a las microempresas, fortalecimiento de programas de salud infantil y de ambulatorios.
Pérez tuvo que enfrentar una revuelta civil, 27 y 28 de febrero de 1989, más conocida como "El Caracazo"; dos intentonas golpistas por parte de militares, 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992; y por último, el primer juicio realizado en Venezuela a un Presidente de la República por malversación de fondos.
El 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel denunció la malversación de 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. El Fiscal General de la República, para ese entonces Ramón Escovar Salom, inició el antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1992, la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar.
El Senado autorizó el antejuicio el 21 de mayo de 1992, y Carlos Andrés Pérez tuvo que separarse de la Presidencia de la República. Octavio Lepage, Presidente del Congreso, fue designado Presidente encargado de la República.
Carlos Andrés Pérez fue consignado al Retén Judicial de El Junquito. La Corte Suprema de Justicia lo condenó posteriormente a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. Por primera vez, desde 1958, un Presidente de la República no lograba concluir el mandato para el que fue electo.